Nueva Gerona, 31 mar (ACN) Del 24 al 28 de marzo del corriente año, en Isla de la Juventud se detectaron 216 violaciones como parte del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, ilegalidades, indisciplinas sociales, tráfico de drogas y prácticas comerciales abusivas.
Esta iniciativa, que se desarrolló en todo el país, tiene como objetivo fortalecer la seguridad y el orden en la sociedad.
Las irregularidades más comunes identificadas incluyen la transportación de pasajeros sin la documentación adecuada para Trabajadores por Cuenta Propia, así como la posesión de documentos desactualizados o vencidos.
También se reportaron infracciones de precios, comercialización de productos sin exhibición de precios claros, precios especulativos y ventas de alimentos sin la certificación correspondiente de Sanidad Animal.
Durante las acciones de control a los sectores público y privado, se impusieron 213 multas, que generaron un ingreso total de 963 mil 381 pesos al presupuesto del Estado.
Un total de 10 cuerpos inspectivos, en representación de diversas empresas y organismos locales, participaron en estas labores, que sumaron mil 156 sondeos. Entre las entidades involucradas se encuentran la Empresa Eléctrica, la Dirección Municipal de Transporte, la Delegación de Agricultura y la Central de Trabajadores de Cuba.
Además, se llevaron a cabo 40 acciones de fiscalización enfocadas en la bancarización, así como debates comunitarios sobre el consumo de drogas en seis Consejos Populares. Estos encuentros contaron con la colaboración de representantes de Salud Pública, el Ministerio del Interior, Educación y medios de comunicación locales.
Yainel Pacheco Casero, miembro del buró municipal del Partido Comunista de Cuba en Isla de la Juventud, enfatizó en la importancia de mantener las actividades de control y fiscalización de manera permanente.
Destacó, en la sesión de trabajo, la necesidad de involucrar a todos los trabajadores en el control interno de sus entidades y concientizar a la población sobre la relevancia de cerrar filas ante cualquier manifestación de delito o indisciplina social.
Es fundamental mitigar el impacto negativo que estas situaciones generan tanto en la economía local como en el bienestar general de los ciudadanos, concluyó.