Matanzas, 4 dic (ACN) A la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas concurrieron el martes reciente trabajadores de la Empresa de Correos para constatar el juicio oral y público, celebrado de manera ejemplarizante sobre un caso de falsificación de documentos privados para acometer malversación.
Una trabajadora, mientras ejercía como directora en la Unidad Básica municipal de correo en Limonar, entre mayo y octubre del año 2022, se apropió de dinero en efectivo a partir del manejo irregular de la actividad contable y de lo que recepcionaba diariamente en correspondencia con el cuadre de cada una de las operaciones de los diferentes servicios que prestaba el centro.
Con el objetivo de justificar el apoderamiento de recursos monetarios, la acusada ideó fingir la ocurrencia de un hecho delictivo en la unidad que dirigía, lo que llevó a vías de hecho y efectuó una denuncia de sustracción; a raíz del proceso investigativo y la comprobación económica se conoció que la Empresa de Correos sufrió afectaciones superiores a los cinco millones de pesos.
Mientras todo esto ocurría, la cajera principal, que tenía entre sus tareas las de gestionar todo lo relacionado con las operaciones de efectivo, ejecutar funciones de custodio del fondo de caja y velar por el cumplimiento de las medidas para prevenir y detectar las manifestaciones ilegales, de corrupción o hechos delictivos, consintió que la entonces directora asumiera parte de las funciones que por razón de su responsabilidad debía realizar directamente ella.
En fallo público correspondiente a la causa 99 de 2024 de la radicación de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, se impuso a la acusada que ejercía como directora, por los delitos de falsificación de documentos para acometer malversación y por simulación de delito, una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad y la correspondiente responsabilidad civil por el monto apropiado.
Para quien ejercía como cajera principal se determinó una sanción de dos años de trabajo correccional con internamiento como alternativa de la privativa de libertad, por incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas.
A ambas procesadas se les impuso además las sanciones accesorias de privación de derechos públicos, y la prohibición de salida del territorio nacional, por igual período que la sanción principal.
Raúl Francia Cabarroca, juez con más de 30 años de experiencia, explicó a la prensa que estos delitos tienen alta lesividad para la economía cubana, y aseguró que las acusadas fueron beneficiadas por las garantías que informa la Ley del proceso penal.
Transcurrió el ejercicio, además, con respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República de Cuba; y tanto a las acusadas como a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer el recurso correspondiente contra la decisión del órgano judicial.