Matanzas, 30 mar (ACN) La sala primera de lo Penal del Tribunal Popular de Matanzas realizó dos juicios orales y públicos en los que juzgó y sancionó a los acusados por delitos asociados a las drogas ilícitas, en coincidencia con la realización del Segundo Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales en Cuba.
Durante el primer juicio de la jornada, el acusado reconoció los hechos cometidos, admitiendo sus intenciones de comercializar la marihuana que al momento de la detención le fue ocupada, la que consistía en 18 envoltorios con 4.05 gramos de la sustancia.
Según la prueba aportada valorada por el tribunal, el acusado, de 22 años de edad no había resultado sancionado con anterioridad, aunque permanecía sin vínculo labor alguno.
Los hechos cometidos están tipificados como delito en el artículo 235 del Código Penal, que prevé sanción de cuatro a 10 años de privación de libertad para aquella persona que trafique o tenga en su poder con el propósito de traficar drogas ilícitas o sustancias de efectos similares.
El otro acusado juzgado resultó detenido por dos agentes del orden público, cuando transitaba con 1,64 gramos de cannabinoides sintéticos (químicos) que pretendía comercializar a turistas nacionales y extranjeros, ante lo cual intentó evadir el control policial.
Se trata de un ciudadano que recientemente había extinguido una sanción, por la comisión de similar delito.
En ambos casos, tanto en la fase previa, como en los actos judiciales, se cumplieron con los derechos y garantías que prevé tanto la constitución como la ley procesal, así como también las normas del debido proceso.
En virtud de las pruebas propuestas tanto por la fiscalía, como por los abogados defensores de los acusados, que fueron practicadas en juicio y luego de escuchar los informes orales rendidos por estos, la sala primera del Tribunal Provincial Popular de Matanzas impuso a los acusados siete y 13 años de privación de libertad respectivamente.
Ahora, ambos tienen el derecho, una vez notificadas las sentencias que los condenó, a establecer recurso de casación, para que sea examinado por la máxima instancia judicial del país, el Tribunal Supremo Popular.
Humberto González Figueroa, presidente del Tribunal Popular de Matanzas, reiteró que en Cuba prima una política de tolerancia cero al tráfico de drogas ilícitas, que afecta la salud humana y la tranquilidad ciudadana.