La decisión del Estado cubano de topar los precios minoristas a productos muy demandados, importados por los actores económicos, tendrá el deseado y necesario impacto en la población allí donde los gobiernos locales logren un efectivo seguimiento, control y adecuaciones a la implementación de la medida.
Aunque centralizadamente a esas formas de gestión se les permitió un margen comercial de ganancia de hasta un 30 por ciento, a nivel de barrio y de municipio las regulaciones o modificaciones que se requieran hacer deben ser como un traje a la medida, es decir, ajustarse a las particularidades del territorio.
Tal cual señala la Resolución 225/2024, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), publicada el lunes 8 de julio en la Gaceta Oficial, los precios máximos de estos productos serán: pollo troceado 680,00 pesos el kilogramo (kg), aceites comestibles (excepto el de oliva) 990,00 pesos el litro, leche en polvo mil 675,00 pesos el kg, pastas alimenticias 835,00 pesos el kg, salchichas mil 045,00 pesos el kg y el detergente en polvo 630,00 pesos el kg.
Las innumerables opiniones que en la calle, centros de producción y servicios y en las redes sociales ha generado la normativa seguramente serán analizadas por ese organismo, por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la Oficina Nacional de Administración Tributaria y las restantes instituciones involucradas.
Una máxima de la Revolución ha sido, ante cada tarea por difícil y compleja que sea, acudir siempre al pueblo, tener en cuenta sus opiniones para de ser necesario rectificar, perfeccionar u ofrecer mayores argumentos, y sobre todo lograr que se sienta motivado y comprometido en la solución de tal o más cual problema.
Algunos compatriotas consideran que no bastaba conque en los municipios los funcionarios del gobierno y de Finanzas y Precios se reunieran solo con los representantes de Mipymes, trabajadores por cuenta propia, y de las empresas que también participan en las importaciones de productos como los señalados.
Subrayan que debieron haber valorado previamente entre los consumidores, y con mayor profundidad, rigor y alcance, el posible impacto de la medida, pues no muchos piensan que pueda contener la inflación, aun cuando ese sea el propósito.
Por ejemplo, el cibernauta Fernando Vázquez Castro pregunta si entre los consultados estuvieron jubilados, pensionados, personas con bajos salarios y similares, que no son pocos en el país.
Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, explicó en conferencia de prensa que ante el incremento de los precios (y de la inflación en un 15 por ciento), para topar el máximo a los productos más demandados e importados por esas formas de gestión se analizaron los mercados, los orígenes, los principales proveedores, las condiciones en que se financian estos renglones, su presencia en nuestra red de comercialización y todos los gastos logísticos de las operaciones.
Incluso Juan Carlos Prego, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, considera que resulta imprescindible fortalecer en esas figuras la contabilidad, los registros de cada hecho contable y económico en aras de llegar al valor real de los costos y gastos.
Sin embargo, bien reiterado es el criterio de que algunos de los precios aprobados están por encima de los actuales; cada provincia es diferente y debió quedar en las autoridades la facultad de toparlos de acuerdo con el entorno, coinciden varios comentarios.
Un ciudadano nombrado Juan Antonio escribió en las redes sociales: “Vivo en Sancti Spíritus y las Mipymes venden a precios más bajos que los que se publicaron, y ahora yo digo que al ver éstos les dan un margen para subirlos al límite”.
Al respecto el MFP respondió que está consciente de que siguen siendo altos y solo impactan en seis productos de consumo básico de la población, pero aclaró también que no serán estáticos; es necesario continuar monitoreando los costos de importación y otros gastos logísticos que influyen en su formación para oportunamente incidir en su reducción.
Sobre la justa preocupación de quienes temen que los actores económicos hoy con precios inferiores en sus productos se sientan amparados por la Resolución 225/2024 a subirlos, se les respondió que a partir del análisis de costos y gastos deben mantenerlos, e incluso seguir analizando rebajas atendiendo, además, a que sus ganancias no pueden superar el 30 por ciento.
Han salido a relucir inquietudes que reclaman más controles y exigencias hacia el uso de los canales electrónicos de pago y del código QR entre los actores económicos, la necesidad de analizar el tope de precio de otros productos básicos pues con los salarios y pensiones actuales a muchos cubanos les resulta imposible o difícil adquirirlos.
También la población pide que a través de los medios informativos y de las plataformas de los gobiernos locales y del MFP se ofrezca más información o argumentos de la nueva regulación.
Tal cual escribió en las redes @tania: “A todos nos corresponde controlar, actuar y alertar, sobre cualquier violación, sobre este tema y cualquier otro que pueda surgir, es un deber ciudadano hacerlo. El pueblo es el primero que debe contener cualquier tipo de violación”. ( Fidel Rendón Matienzo, ACN)