El gobierno de Estados Unidos no cesa en sus maniobras desestabilizadoras contra Cuba. El 22 de marzo último el Congreso estableció nuevas leyes injerencistas, multas a bancos internacionales y aumentó con más de 50 millones de dólares el financiamiento para programas subversivos.
Según artículos publicados por varios sitios web cubanos y foráneos, la Cámara de Representantes de la nación norteña aprobó la Ley de financiación gubernamental, que autorizó mil 200 millones de dólares para sostener las operaciones de algunas áreas de la Administración de Biden, y un monto de más de 50 millones para las acciones contra Cuba, con énfasis en las campañas de manipulación mediática.
El cubanoamericano Mario Díaz-Balart, acérrimo enemigo de la Revolución cubana, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. y presidente de la Subcomisión del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, refirió en su página oficial que la normativa contempla 25 millones de dólares para los programas de promoción de la “democracia en Cuba” e igual suma para el trabajo de la Oficina de Transmisiones a la Isla, encargada de las invisibles Radio y TV Martí, cuantías que ascienden en un 25 por ciento (%) y 5% comparado con lo destinado en 2023, respectivamente.
Se reserva un monto adicional no especificado para promover tecnologías que fomenten "la libertad en Internet" en la mayor de las Antillas, pese a los obstáculos que el propio bloqueo impone a la adquisición de tecnologías que tengan un 10 % de componentes estadounidenses y al acceso de los informáticos y telecomunicadores cubanos a programas y aplicaciones.
Además de establecer sanciones contra los Gobiernos y funcionarios que contraten los servicios de médicos de la mayor de las Antillas, lo que califican como “actos de tráfico de personas y trabajo forzado”, en otro intento de privar a Cuba de divisas obtenidas legalmente por la exportación de servicios, y cuyo destino principal es sostener al sistema de salud pública nacional, urgido hoy de medicamentos, equipos e insumos médicos.
Por último, la ley contiene especiales pronunciamientos en la prohibición para destinar los fondos disponibles para programas de “promoción de la democracia en Cuba” en temas vinculados con el impulso económico, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia, como lo establecen la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, de 1996 (Ley Helms-Burton) y la Ley de la Democracia Cubana, de 1992 (Ley Torricelli). Ambas, engendros vigentes y respaldados por sucesivas administraciones norteamericanas.
En clara muestra del carácter global de la guerra económica hacia su vecino, la Casa Blanca estableció nuevas contravenciones a bancos internacionales por violar las medidas impuestas, como al banco suizo EFG con sanción de 3,7 millones de dólares y a la empresa financiera DaVinci, incluidos también individuos y empresas en “la lista negra”, según refirió el Departamento del Tesoro.
Ante tal hostigamiento, decenas de bancos suspendieron sus operaciones con el país antillano, incluyendo transferencias para la compra de alimentos, medicamentos, combustibles, materiales, piezas y otros bienes.
Desde marzo de 2022 y hasta febrero de 2023, el número de entidades bancarias extranjeras que por diferentes motivos se negaron a realizar o continuar operaciones con las de Cuba ascendió a 130 (75 de Europa, 21 de América y 34 del resto del mundo), con 267 operaciones involucradas, así refirió el sitio web Cubadebate.
Mientras los cubanos, cuya resistencia es comprobada, sienten en su vida cotidiana los efectos de una política injerencista y genocida, sin mencionar los derechos humanos, que ya de sobra se conoce que ese gobierno no los respeta.